domingo, 23 de julio de 2017

CONSTITUCIÓN Y UNIDAD NACIONAL

Luis Britto García

1
Quien conozca las más elementales nociones sobre Derecho sabe que las condiciones existenciales para crear un Estado son: pueblo, territorio y autoridad política. En los artículos 119 al 126 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se sientan las bases para constituir numerosos Estados distintos del Venezolano. En dichas normas son mencionados once veces “pueblos” con derechos distintos y superiores al  resto de la población venezolana. El artículo 119 les reconoce “su organización social, política y económica”. Los artículos 119 y 120 les atribuyen “tierras” y “hábitats” en los cuales el aprovechamiento por el Estado de los recursos naturales está “sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. Parecerían referirse a las condiciones para crear Estados distintos de Venezuela. Apenas lo impide el que los territorios sean también definidos como “hábitats”, y que el artículo 126 afirme que el pueblo venezolano es “único, soberano e indivisible” y concluya que “El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional”.
2
   ¿Cree usted que en Venezuela hay  “pueblos” distintos del venezolano, con organización “política” propia y con  “tierras” o “hábitats” cuyos recursos naturales el Estado no puede explotar sin “consulta”? En ese caso, está sentando las bases para que previa declaratoria de independencia, una generosa potencia extranjera los proteja y nos secesione en varias decenas de países. 
3
  Organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, como el International Indian Treaty Council y el Indian Law Resource Center de Washington se han adjudicado una suerte de tutoría sobre las movilizaciones étnicas latinoamericanas: sostienen que los indígenas latinoamericanos son pueblos diferentes del resto de los habitantes de sus respectivos  países, que tienen autonomía y derechos exclusivos sobre los que consideren sus territorios originarios y sobre los recursos del suelo y el subsuelo de éstos, y que pueden prohibir al poder nacional el acceso a dichas áreas. Bajo su inspiración,  los misquitos demandan al Sandinismo; la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador apoya el golpe contra Correa; los tupí guaraníes intentan secesionar la Bolivia de Evo.
4
Así, por ejemplo, el  Indian Law Resource Center (ILRC), desde su fundación en 1987 ha ejercido desde Washington  una activa tutela y dirección sobre las estrategias y proclamas programáticas de gran parte de los movimientos indígenas de América Latina. Fundado en 1978 como ONG,  en 1984 gana un proceso entablado contra la asediada Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1989, conjuntamente con el presidente Carter logra el regreso a Nicaragua de varios dirigentes indígenas, entre otros el “Contra” Brooklyn Rivera. En 1992 ya está interviniendo en la demarcación de territorios indígenas yanomami en la Amazonia. El año siguiente traza el mapa de los territorios de los misquitos en Honduras. En 2004 se atribuye la representación de los mayas de Belice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual falla que Belice viola los derechos de propiedad indígenas.  En 2007  el Indian Law Resource Center logra que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo borrador, según confesión propia había sido redactado por el Center (http://www.indianlaw.org/en/about).
5
El International Indian Treaty Council es apenas una de las numerosas organizaciones  estadounidenses vinculadas con organizaciones internacionales que intervienen en los asuntos indígenas latinoamericanos. El ILRC fue fundado en 1974 y reorganizado en 1977 como ONG con estatus de Consultor de la Unesco, y en tal condición trabaja en la relación  de las etnias indígenas con organismos claves de las Naciones Unidas tales como la Comisión de los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías, la Conferencia de las partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, la misma Unesco y la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable. Participa asimismo en la Organización Internacional del Trabajo (a la cual seguramente aportó el borrador de la Convención sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 1989), en las Conferencias de las Naciones Unidas, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza y el Congreso Arqueológico Mundial. Este organismo estadounidense se presenta como “una organización de pueblos indígenas de Norte, Centro y Sur América y el Pacífico, cuya misión es trabajar por la soberanía y autodeterminación de los pueblos indígenas y el reconocimiento y protección de sus derechos indígenas, sus culturas tradicionales y sus sagradas tierras” (http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/search.pl?term1=south+america&limit=0).
6
Eva Golinger, especialista en el monitoreo de las subvenciones de los organismos públicos estadounidenses, me confirma en comunicación de 19-7-2009 que tanto la USAID como el National Endowment for Democracy (NED) han financiado organizaciones y proyectos en las comunidades indígenas en América y específicamente en Venezuela. Dichos entes se niegan a identificar a los beneficiarios de sus subsidios, pero, según Golinger, “los dos admiten financiar ONGs que trabajan en las comunidades indígenas, tanto como proyectos y programas dirigidos a las regiones donde habitan las indígenas venezolanas”.  Entre otras, menciona “una organización que fue creada para ese fin, que se llama la Asociación Civil Kapé Kapé, han recibido muchos aportes de la NED y la USAID, e incluso de la alcaldía de Chacao cuando estaba Leopoldo López”. Dicho grupo habría trabajado intensamente en las comunidades indígenas de los estados Delta Amacuro y Bolívar. Las mismas áreas donde operaron las afortunadamente expulsadas “Nuevas Tribus” del Summer Linguistic Institute.
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En posterior comunicación de fecha 30 de noviembre de 2009, Eva Golinger nos confía el resultado de sus investigaciones relativas a los aportes del National Endowment for Democracy (NED), Organización No Gubernamental fundada por la United States Agency for Developement (USAID), a los movimientos étnicos en Ecuador. Entre dichos grupos subsidiados figura la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE), la cual, señala Golinger, “es una organización creada en el 2005 con dinero de la NED por los ecuatorianos Ángel Medina, Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. CEIE cuenta con un miembro honorario, el Sr. Norman Bailey, quien es un veterano de la Agencia Central de Inteligencia y ocupó el cargo de jefe de la Misión Especial para Venezuela y Cuba de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de EEUU de 2006-2007. Bailey también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante la presidencia de Ronald Reagan”.
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Vale la pena detenerse en algunos de los integrantes de estas organizaciones subsidiadas por la National Endowment for Democracy y la USAID. Ángel Medina es, según informa Golinger, " …fundador y presidente de la Fundación Qellkaj” (otra organización “indígena” en Ecuador financiada por la NED). Fernando Navarro es  " …Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador…". Raúl Gangotena "…Tiene relación con los siguientes organismos internacionales: Reagan-Fascell Democracy Fellow, International Forum for Democratic Studies, National Endowment for Democracy (NED) … Fue Embajador de Ecuador en los Estados Unidos y Consejero para la Subsecretaría de Defensa en 2001 …". Lourdes Tiban es "…Asesora del Consejo Político de la ECUARUNARI y Asesora Jurídica del CONAIE” (ECUARUNARI es uno de los grupos claves de CONAIE). No debe extrañar, entonces, que CONAIE haya declarado la oposición acérrima al gobierno de Correa en cuanto éste se negó a concederle el dominio sobre los recursos naturales de Ecuador, y que haya apoyado el golpe contra el Presidente ecuatoriano.
9
Además de ellos, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE), según informa Eva Golinger,  “es una organización creada en el 2005 con dinero de la NED por los ecuatorianos Ángel Medina, Mariano Curicama, Lourdes Tibán, Fernando Navarro y Raúl Gangotena. CEIE cuenta con un miembro honorario, el Sr. Norman Bailey, quien es un veterano de la Agencia Central de Inteligencia y ocupó el cargo de jefe de la Misión Especial para Venezuela y Cuba de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de EEUU de 2006-2007. Bailey también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante la presidencia de Ronald Reagan”.
            10
          El subsidio para estos grupos no es una minucia. Nos informa asimismo Eva Golinger que “El financiamiento de la NED a grupos políticos en Ecuador sube de 333.047 dólares durante el 2007-2008 a 1.372.691 dólares durante el 2008-2009”. Numerosas Organizaciones No Gubernamentales se reparten este botín: entre las directamente relacionadas con los movimientos étnicos  está la  “Fundación Q'ellkaj, que obtiene  $76.170” para  “Fortalecer la juventud indígena y sus capacidades empresariales”. Añade, Golinger, a manera de alerta, que el presupuesto de la USAID para 2009 ascendía a 35 millones de dólares, pero que el previsto para 2010 asciende a 38 millones de dólares. Y resume que los objetivos declarados de la USAID en Ecuador consisten en: “Consolidar territorios indígenas: La consolidación de los  territorios indígenas dentro de la zona del desarrollo alternativo. Fortalecer organizaciones indígenas: organizaciones indígenas más fortalecidas serán más capaces de contribuir a la política y monitorear a los funcionarios públicos electos y el uso de los fondos públicos. Alimentar la capacidad empresarial en las comunidades indígenas”.
11
Vemos así cómo  entes estadounidenses pretenden representar a los “pueblos indígenas de Norte, Centro y Sur América”,  trabajar por su “soberanía y autodeterminación”, y “consolidar territorios indígenas”, no para mantener su tradición cultural comunitaria, sino para “alimentar la capacidad empresarial”. Los bienes y recursos que se les reconocieran entrarían así al mercado capitalista. No es posible confesión más palmaria de que se intenta dirigir tales movimientos en contra de la soberanía y unidad de los Estados Nacionales de la región. Por una de las paradojas de nuestra Historia, la orientación de muchos de las dirigencias de algunos de movimientos indígenas es entonces ejercida desde Estados Unidos por  ONG´s financiadas por la USAID y la NED, exentas de impuestos y con activa influencia sobre la ONU y la OEA, dos organizaciones para nada afectas a los intereses de Nuestra América. No necesariamente opera tal financiamiento en todos los casos, pero lo que sí opera es la identidad entre las orientaciones que tales entes de Estados Unidos imparten y las vindicaciones que los autoproclamados representantes de los indígenas exigen en toda América Latina.
12
Contrasta esto con la actitud del gobierno estadounidense hacia los indígenas en su propio territorio, a quienes mantiene confinados en los campos de concentración llamados reservas, y para nada les reconoce ni remotamente derechos de “soberanía y autodeterminación”, y mucho menos financia ONGs para promoverlos. A principios de noviembre de 2009, el presidente Barack Obama expidió un memorando en el cual prevé un simple mecanismo de consulta no vinculante con las etnias o sus representantes, pero en el cual niega expresamente que dicho memorando o las consultas creen derechos distintos de los del ordenamiento jurídico estadounidense, y sujeta las definiciones de “tribus”, “autoridades” y “políticas que afectan a los pueblos indígenas” a dicho ordenamiento. Además, categóricamente declara que “Este memorándum no pretende crear ni crea derecho o beneficio alguno, sustantivo o procesal, exigible en derecho o en equidad, para parte alguna frente a los Estados Unidos, sus organismos, agencias, funcionarios o funcionarias, empleados o empleados”. Mientras tanto, las ONGs estadounidenses, algunas de ellas financiadas por la USAID y la NED, pretenden imponer a los países latinoamericanos la entrega de su soberanía, sus territorios y sus recursos.
13
Jaime Salvatierra compila algunos datos sobre la forma en que Estados Unidos trata hoy en día a sus indígenas, que revelan de manera elocuente las miras que los animan a asumir la tutoría de los indígenas latinoamericanos. Las reservaciones indígenas en Estados Unidos no son en absoluto “territorios originarios”, sino campos de concentración inhóspitos y sin recursos donde fueron relegados los aborígenes que escaparon del exterminio. En ellos las tasas de desempleo oscilan entre el 50 y 80%, con altos niveles de violencia, delincuencia y tráfico y consumo de drogas. Las minorías étnicas tienen ocho veces más posibilidades de padecer enfermedades como la tuberculosis que otros ciudadanos, y un 37% muere antes de cumplir los 45 años. La tasa de suicidio triplica la nacional,  la mortalidad infantil es un 60%, y se registran elevados porcentajes de alcoholismo y diabetes. En la comunidad indígena de los Lakotas, de la familia Sioux, los hombres tienen una esperanza de vida de menos de 44 años, más baja que en cualquier país del mundo, incluyendo Haití. La mortalidad infantil es  300%, mayor que en el resto de Estados Unidos; el suicidio de los adolescentes llega al 150% del  promedio de ese grupo etáreo en Estados Unidos. Los enfermos de tuberculosis superan en 800%  el promedio nacional, al igual que los enfermos de diabetes. El 97% de esa comunidad vive por debajo de la línea de pobreza, junto con casi 50 millones de estadounidenses. La tasa de desempleo en las reservas es del 80%; el alcoholismo afecta a 9 de cada 10 familias: hay niños indígenas presos en proporción 40% superior a la de los infantes  blancos. En Dakota del Sur el 21% de la población penal es de indios, aunque éstos sólo son el 2% de la población de ese estado. Solo el 14% de la población Lakota habla el mismo idioma; el prisionero político más antiguo del mundo es el activista lakota Leonard Peltier, condenado a dos cadenas perpetuas tras un juicio amañado por el FBI (Jaime Salvatierra: “¿Si estos mensajes no son subversivos, entonces qué son? Lo que EE.UU. vende a los indígenas bolivianos”, La Época, 23-09-2011, http://www.la-epoca.com.bo/#). Sólo la insolencia imperial puede pretender que corresponda a organizaciones subsidiadas o tuteladas por Estados Unidos asumir la tutoría de los indígenas latinoamericanos.
14
    Si usted no propicia la secesión de nuestro país, debe apoyar una reforma constitucional que sustituya la expresión “pueblos” por la de  “comunidades”; sustituya “tierras” por “hábitats” y elimine toda mención que trabe o cuestione la soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo, en la totalidad  del territorio nacional y en representación y provecho del “único, soberano e indivisible” pueblo venezolano. Somos un solo pueblo “único, soberano e indivisible”: el venezolano. Un solo territorio: el de Venezuela. Un solo cuerpo político: la República Bolivariana de Venezuela. Todo el que quiera dividirnos es nuestro enemigo.
DOMINGO 21 A LAS 8 PM:
EXHIBICIÓN EN CADENA NACIONAL DE LA PELÍCULA
LA PLANTA INSOLENTE
(UN PAÍS CONTRA SEIS IMPERIOS)
DIRECCIÓN: ROMÁN CHALBAUD
GUIÓN: LUIS BRITTO GARCÍA
PROTAGONIZA: ROBERTO MOLL
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sábado, 22 de julio de 2017

GUERRA MEDIÁTICA, ARMA DEL IMPERIO CONTRA LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS


Guerra mediática, arma del imperialismo contra gobiernos progresistas
Antonio Núñez, consejero de la Embajada de Venezuela; Luis Brito García, escritor venezolano y Cecilio García, director de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo El Salvador. Foto Diario Co Latino/Guillermo Martínez.
Yanuario Gómez@DiarioCoLatino
SAN SALVADOR 21-7-2017
La embajada de Venezuela, junto a la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, desarrollaron un conversatorio donde abordaron la forma en que el imperialismo norteamericano en complicidad con la derecha venezolana desarrolla una guerra mediática para desacreditar al gobierno en turno.
La ponencia estuvo a cargo del escritor y guionista venezolano Luis Britto García, quién explicó cómo los medios de comunicación  de la oposición jugaron un papel desestabilizador desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez y siguen haciéndolo durante el mandato de Nicolás Maduro, haciendo creer a la comunidad internacional que es el gobierno bolivariano el que está cometiendo graves violaciones a derechos humanos cuando la realidad es totalmente diferente.
“Los medios de la oposición venezolana montan una película de ficción en torno a la situación del país, informan sobre muertos cuando no los hay, hablan de ‘manifestaciones pacíficas’ cuando lo que hay son disturbios provocados por los opositores, dicen que el Ejército del gobierno ataca cuando lo que hace es defenderse de los manifestantes, en fin publican una serie de falsedades”, expuso Britto.
Según Britto, el presidente Chávez entendió en su momento que para contrarrestar esta guerra difamatoria de la oposición en compadrazgo con Estados Unidos había que luchar en los mismos términos, por ello comenzó a fundar cadenas como Telesur, periódicos y radios comunitarias.
Estos medios son en la actualidad los encargados de desmentir la información en contra del gobierno que proyectaba la oposición tanto fuera como al interior de Venezuela.
Según el escritor esa guerra mediática que la derecha venezolana promueve en contra del gobierno de Nicolás Maduro es la que en los últimos días está haciendo creer que en ese país hubo un referéndum en el cual la población ha rechazado el gobierno actual y reconocido una nueva dirigencia montada por la oposición.
“Lo que hicieron fue una consulta ciudadana en la cual le hacían tres preguntas a los encuestados y luego maquillaron toda la información a modo de que pareciera que cada pregunta era un entrevistado, es decir, cada encuesta valía por tres ciudadanos, así montaron esa mentira y todo porque no quieren que se lleve a cabo la elección de la Asamblea Constituyente”, dijo Britto.
El escritor venezolano comparó la situación de Venezuela con lo que se está viviendo en nuestro país más aun en los últimos días con el anuncio de la Ley de Prevención de la Violencia y un apartado donde se contempla la autorregulación de los medios de comunicación.
“Acá pasa lo mismo que en Venezuela, los medios se oponen a comprometerse con la autorregulación porque para ellos es una ley mordaza cuando esta normativa lo que hace es instarlos a que se comporten como ciudadanos sujetos a las leyes”, expresó Britto.
“Ustedes están inmersos en una batalla comunicacional como todos los gobiernos progresistas contra un enemigo descarado que utiliza todas las armas de la falsificación mediática de la mentira, saturación, pero no es una batalla perdida porque los medios no son omnipotentes”, agregó.
Para el expositor venezolano, en El Salvador también se lucha contra esos medios de comunicación alineados con el capitalismo, por eso, junto a los medios alternativos y comunitarios, debe enfrentarse a los poderosos monopolios de la información para sacar adelante a un gobierno progresista y positivo como el actual.

sábado, 15 de julio de 2017

CONSTITUCIÓN Y DOBLE NACIONALIDAD

Luis Britto García
    
1
Los artículos del 33 al 36 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que admiten la “doble nacionalidad”  plantean un grave problema cuando se considera uno de los principales privilegios del nacional, que es el desempeño de cargos públicos en su país respectivo.

2
De acuerdo con esos artículos de la Constitución de 1999, todos los diputados de la Asamblea Nacional, salvo Presidente y Vicepresidente de dicho cuerpo, podrían tener otra nacionalidad distinta de la venezolana. Todo el ejército venezolano, salvo el Ministro de la Defensa, pudiera estar también integrado por personas con otra nacionalidad distinta de la venezolana. Todo el gabinete, salvo ministros relacionados con seguridad de la nación, finanzas, energía y minas y educación, podría ser foráneo. Aparentemente, todo el ministerio para Relaciones Exteriores, incluido el canciller, podría tener otra nacionalidad; todo el cuerpo diplomático podría estar integrado por nacionales de otros países. Todo el poder judicial, salvo los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, podría estar integrado  por personas con otra nacionalidad distinta de la venezolana.  Todo el Consejo Nacional Electoral, salvo su presidente, toda la administración regional, salvo  gobernadores y alcaldes de estados y municipios fronterizos, podría tener otra nacionalidad diferente de la venezolana, al igual que los casi dos millones  de funcionarios de nuestra administración, salvo la veintena de excepciones ya citadas, pudieran entonces ser nacionales de países  extranjeros,  vinculados por un juramento de lealtad a ellos, y obligados a cumplirles obligaciones tales como  el pago de tributos, la fiel ejecución de sus leyes (distintas de las venezolanas)  la promoción de intereses foráneos, y el servicio militar. Roguemos por la paz. Me pregunto si no debería ser obligatorio que antes de postularse, los candidatos revelaran sus nacionalidades, para que sepamos si como gobernantes estamos eligiendo eslovacos, mongoles, montenegrinos o estadounidenses que quizá estarían mejor haciendo campaña en sus otros países.

3 
Por otra parte, los ciudadanos con doble nacionalidad,  en caso de cometer delitos y huir al exterior podrían hacer valer su otra nacionalidad y reclamar el derecho a no ser extraditados para Venezuela, y a ser sólo juzgados por los tribunales de su país de origen. Los que tengan la nacionalidad de países que hayan suscrito Tratados contra la Doble Tributación con Venezuela, pueden además invocarlos para no pagar impuestos en nuestro país, sino en su país de origen. Tendríamos una ciudadanía con derechos y sin deberes.

4 
¿Qué puede ocurrir en un país  con semejantes principios? Bolivia aceptó en su Cancillería gran cantidad de funcionarios brasileños;  surgió un conflicto con Brasil, y perdieron los bolivianos la tercera parte de su territorio. Fujimori obtuvo los votos para Presidente de Perú diciéndose peruano; cuando se lo quiso enjuiciar por corrupción y genocidio, pretendió ser japonés e inmune a las leyes peruanas. El delincuente financiero Carlo Bordoni, un banquero solicitado por las autoridades europeas que trajo Pedro Tinoco, se refugió en Venezuela e intentó adquirir la nacionalidad para no responder de sus desfalcos en otros países. Vemos que se sobrepasan talanqueras ideológicas, éticas, partidistas. Desde el momento en que ello se hace legal ¿Qué impide que se salte la talanquera nacional?

5
Muchos me dirán que no creen en eso de la nacionalidad. Pues deberían renunciar a la que ostentan, en vez de andar coleccionando pasaportes como si fueran barajitas. Seamos claros: aspiramos a que se reunifique la Gran Colombia, a que América Latina y el Caribe exista en Nación; a que los proletarios del mundo integren una sola Internacional. Cuando tales metas culminen y desaparezcan las fronteras, celebraremos como grancolombianos o latinocaribeños o simplemente como humanos. Mientras tanto, los asediados Estados Nación, fundados en la lealtad exclusiva de sus nacionales, son las unidades de resistencia contra los Imperios. Debemos volver al sistema de nacionalidad única. Disolver la nacionalidad es aniquilar la Nación. 


(FOTO/TEXTO: LUIS BRITTO)


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lunes, 10 de julio de 2017

NACIONALIDAD Y CONSTITUCIÓN

Luis Britto García

    La normativa para elección de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente exige como primer requisito: “Ser venezolano o venezolana por nacimiento, sin otra nacionalidad”.

    ¿Por qué?

    Dice el Evangelio que nadie puede servir a dos patronos. Establece nuestra Ley que nadie puede estar casado con dos o más mujeres,  la lógica que nadie puede participar en un   match jugando a la vez por los dos equipos, y la ética que nadie debe estar inscrito al mismo tiempo en dos partidos antagónicos.

    Sin embargo, en 1999 el constituyente Allan Randolph Brewer Carías –sí, el mismo que apoyó el Decreto de Carmona y legitimó el golpe de Estado de 2002 invocando la Carta Democrática de la OEA- logró incluir en la Constitución de la República Bolivariana el artículo  34, según el cual  “La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad”.
    Por iniciativa de Brewer, los artículos del 34 al 36 de la Carta Magna permiten así la doble nacionalidad y por lo tanto posibilitan que un ciudadano esté sometido al mismo tiempo a la lealtad a dos o más Estados, lo cual pudiera resultar contradictorio.

    No criticamos a quienes por cualquier razón se han acogido a este régimen. Los apegos culturales a los sitios de origen son legítimos. Pero una afinidad intelectual o sentimental no es un vínculo jurídico.  Traten de alegarla para que les otorguen entrada, residencia y plenitud de derechos en cualquiera de los países hegemónicos.

    Acogemos fraternalmente a quien se nos una, porque a veces el vínculo que se elige es más fuerte que aquél con el cual se nace. Pero por eso mismo, implica una elección.

    La nacionalidad es, en principio, una relación exclusiva y excluyente de un ciudadano con el cuerpo político al cual pertenece, e implica derechos y deberes especiales que no pueden ser compartidos.

         Imaginemos que las dos patrias de un ciudadano que alegue “doble nacionalidad” entran en conflicto. En caso de contravención a las leyes ¿Cuál ordenamiento jurídico debe serle aplicado? Según los infames “Tratados contra la Doble Tributación” no pagan impuestos en Venezuela los nacionales y las empresas de cuarenta países ¿Tampoco nos pagarán impuestos quienes hayan adquirido la nacionalidad de esos Estados? ¿Si un ciudadano con doble nacionalidad delinque en Venezuela y se marcha, podrá ser extraditado de una de sus patrias cuando la otra lo exija? ¿Con cuál debe prestar servicio militar? ¿Incurre en traición a una de sus patrias al serle fiel a otra?  Según la Constitución de la Hermana República, el colombiano que en caso de conflicto actúe contra los intereses de ella será juzgado como traidor a la patria, aunque hubiera adquirido otra nacionalidad. No tenemos una norma equivalente.

    Para justificar este insólito régimen, la Exposición de Motivos indica: “Por otra parte, siguiendo las orientaciones de los ordenamientos constitucionales contemporáneos, se admite la doble nacionalidad y el carácter renunciable de la nacionalidad venezolana, todo ello con el objeto de facilitar a la República la suscripción de tratados internacionales en la materia”. Ambos argumentos son falaces. No se puede subordinar la soberana norma constitucional de Venezuela a las hipotéticas y futuras “orientaciones de los ordenamientos constitucionales contemporáneos” o “tratados internacionales en la materia”, de otros países, de los cuales no se menciona por cierto ninguno.

    Por otra parte, dichos ordenamientos contemporáneos  son en su mayoría estrictos en cuanto a la prohibición de la doble nacionalidad. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania ni Cuba la admiten. De manera muy excepcional, la toleran aquellos países de los cuales han salido grandes masas migratorias  con las cuales quieren mantener vínculos, como España e Italia, o un país como Francia en el cual es decisiva la presencia de talentos artísticos e intelectuales extranjeros. Ninguna de las dos hipótesis se da en Venezuela. Como país en el cual han ocurrido grandes movimientos de inmigración, a Venezuela le interesa estrechar vínculos con los inmigrados, integrarlos y asimilarlos, y no mantenerlos vinculados a sus países de origen.

   Nuestros constituyentes sin otra nacionalidad, cuya lealtad exclusiva es para Venezuela, deberían sancionar normas que resolvieran tales disyuntivas teniendo en miras el soberano interés nacional.

(FOTO/TEXTO: LUIS BRITTO)

PD: INTERNET DE CANTV HA ESTABLECIDO UN NUEVO RÉCORD  DE INEFICIENCIA. TRAS 36 HORAS CONTINUAS INTENTANDO  MONTAR UNA IMAGEN EN MI BLOG, HE DEBIDO DESISTIR. ESPERO QUE NO PASE LO MISMO EL DÍA DE LAS ELECCIONES PARA CONSTITUYENTES.

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sábado, 24 de junio de 2017

CONSTITUCIÓN CONTRA CORRUPCIÓN

Luis Britto García 



Incumplimiento de planes administrativos, corrupción e impunidad son problemas reales que pueden ser combatidos con normas constitucionales. Veamos cómo.

1.-PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y METAS ESPECÍFICAS. 
La antigua Ley Orgánica de la Hacienda Nacional preveí
a la especialización cualitativa del gasto público por “objeto del gasto”, vale decir, por destinos específicos de la erogación (por ejemplo: personal, adquisiciones de activos, alquileres y otros). Este sistema fue sustituido por el llamado “Presupuesto por Programas”, que asigna los gastos por objetivos a cumplir. Sin embargo, el proceso de especificación de esos objetivos, y sobre todo la determinación de los efectos en caso de no cumplimiento de las metas y  objetivos y previstos quedaron sin culminar. Es indispensable la instauración de una norma constitucional que obligue a especificar detalladamente en el Presupuesto las metas y objetivos a ser cumplidos, y la responsabilidad civil, administrativa y en algunos casos penal de los administradores que efectúen las erogaciones sin obtener injustificadamente  los resultados previstos.


2.-CONTROL PREVIO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
Hasta 1977, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional de la época  establecía un Control Previo de la ejecución presupuestaria, vale decir, una verificación anterior a la ordenación del gasto en el sentido de que existía la partida presupuestaria y de que la erogación se realizaba para cancelar una contraprestación o derecho efectivamente existentes. A partir de esa fecha, las nuevas Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dejaron sin efecto tal control, abriendo la posibilidad de que las metas y objetivos de la Planificación incorporadas al Presupuesto fueran ignoradas, y de que se realizaran gastos para finalidades distintas de las planificadas. Dichos controles deberían ser instaurados de nuevo, en la norma constitucional, para que no sean ignorados.

3.-CONTROL POSTERIOR DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
Las nuevas normas citadas asimismo permitían que el control posterior de la ejecución del Presupuesto fuera selectivo, vale decir, que se controlaran o examinaran sólo algunas muestras de la ejecución y de las cuentas rendidas sobre éstas, quedando las mismas legitimadas si no se efectuaban reparos en un breve plazo. Ello abre la posibilidad de que un gran número de infracciones sean soslayadas o queden legitimadas sin ningún tipo de objeción. Procedería que la Constitución reimplantara el control integral de la ejecución, o estableciera métodos de muestreo lo suficientemente precisos como para que se convierta en insignificante la posibilidad de que pasen inadvertidas las infracciones.

4.-CONTROL INTEGRAL DEL GASTO PÚBLICO. 
Debemos añadir que las normas de control de la ejecución presupuestaria se aplican con algún rigor en lo relativo a la ejecución presupuestaria de la Administración Central, pero que devienen progresivamente laxas o inexistentes a medida que se pasa a Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas del Estado, Empresas en las cuales tienen acciones los entes públicos y entes en los cuales se aplican regímenes especiales de autonomía, como algunas de las Universidades, Misiones, Consejos Comunales y otros. Ello abre la posibilidad de que el gasto público, o el de caudales que provienen del erario, se aplique en objetivos distintos de los previstos en la Planificación. Una norma constitucional debe imponer  mecanismos integrales de control, aplicables tanto a la administración estatal como a la regional, a la centralizada como a la descentralizada,  capaces de medir los resultados administrativos concretos y de adjudicar responsabilidades por su incumplimiento.


(TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO)

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